Es experta en justicia ambiental, con especial atención a las infraestructuras energéticas. Actualmente es gerente de proyectos en el departamento de defensa y democracia ambiental de Ciudadanía Inteligente, una ONG latinoamericana que trabaja para fortalecer la democracia en la región. Ha investigado el Acuerdo de Escazú y los riesgos de la profundización del extractivismo para los derechos humanos. También es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.